La consagración de Rosenkrantz agrava el giro reaccionario del Superior Tribunal, que ya se había iniciado con la presidencia del ahora desplazado Lorenzetti y viene a acentuar la subordinación del Poder Judicial a los planes del macrismo.
La trayectoria reciente de Rosenkrantz bastaría para que coseche el repudio unánime de todos los sectores democráticos, verdaderamente republicanos, populares y progresistas de nuestro país.
Aceptó ser designado por un anticonstitucional decreto presidencial junto con su colega Horacio Rosatti, en una suerte de golpe de mano para someter al tribunal a las órdenes directas de Mauricio Macri. Luego de ello el presidente y sus candidatos a la Corte tuvieron que enfrentar la ola de críticas que obligaron a someter sus pliegos a la aprobación del Senado. En septiembre de 2016 el Senado aprobó la propuesta con la totalidad de los votos de Cambiemos y de una parte importante de PJ/FpV y de algunos partidos provinciales. Sólo se opusieron 10 senadores del PJ/FpV, Pino Solanas y C. Menem.
Por entonces, Rosenkrantz no tenía antecedentes en el poder judicial. Fue rector de la privada, elitista y reaccionaria Universidad de San Andrés y hasta su nombramiento fue titular del estudio jurídico asesor de corporaciones multinacionales: Bouzat, Rosenkrantz y Asociados.
Uno de sus clientes más conocidos es sin dudas el Grupo Clarín, al que representó en la audiencia pública por la Ley de Medios, pero también litigó a favor de Cablevisión, YPF, Musimundo, América TV, Ávila Inversora, La Nación, La Rural, Carbap, McDonald’s, y las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo.
También representó a Panamerican Energy (Bulgueroni) Central Térmica Patagónica SA. Su socio Bouzat declaró haber asesorado a los Fondos de inversión GP (Petersen), Aconcagua Ventures, HWF Capital (grupo financiero ingles) y Pegasus.
En la presentación del estudio en su página web, asumen con total desparpajo su metodología: “Nuestros socios fundadores se han desempeñado en distintos cargos de responsabilidad en el sector público, lo que les ha otorgado una amplia experiencia en procedimientos y reclamos administrativos ante dependencias nacionales, provinciales y municipales”. No es difícil imaginar los servicios que podrán prestar ahora que están en la cúspide del poder judicial. ¿Será una de las formas porosas de la mentada participación público-privada?
En uno de sus primeros fallos como jueces de la Corte Suprema, el 3 de mayo de 2017, deciden que la Ley 24.390 o “ley del 2×1” que se promulgó en 1994 debía aplicarse en el caso del represor Luis Muiña, integrante del autodenominado grupo SWAT, quien durante la dictadura (1976-1983) secuestró, torturó y asesinó a trabajadores del hospital Posadas. Un año después ante el repudio que genero el fallo y la indignación que llenó las calles en su contra, debieron dar marcha atrás y rechazaron el pedido de 2 ×1 de Jorge Appiani secuestrador del escritor Haroldo Conti.
La subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo de turno no es un fenómeno nuevo, casi siempre ha sido afín al poder político, especialmente el máximo tribunal, propio de su perfil elitista y aristocratizante. Aunque lo declame nunca será imparcial, como tampoco cumplirá con el principio según el cual todos somos iguales ante la ley. Menos aún en la actualidad, cuando profundiza su tendencia servil, lacaya y genuflexa ante la fusión del poder político-empresarial.
Lo paradójico de este nombramiento es que se produce en el momento de mayor debilidad del oficialismo, cuando el modelo económico social y político del macrismo hace aguas por todas partes, y comienza a enfrentar una masiva protesta ciudadana. Pero la contradicción es aparente: sin duda el macrismo lanzó su manotazo para asegurarse los dictados judiciales que disfracen de legalidad el saqueo a los trabajadores y el pueblo.
La gravedad de la situación impone un llamado de alerta a todos los judiciales, a los trabajadores y a la ciudadanía en general para enfrentar un poder cada vez más alejado del orden democrático y republicano, claramente antipopular y reaccionario.
CABA, 13 de septiembre de 2018.-
FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA